El Gobierno está preparando seis decretos con el objetivo de reintroducir algunos artículos que no fueron aprobados durante el primer debate en el Congreso sobre la reforma laboral.
Este conjunto de medidas pretende impulsar cambios significativos en aspectos como los derechos sindicales y la regulación de la negociación colectiva.
Edwin Palma, viceministro de Trabajo, compartió esta información a través de una carta que contiene detalles de los seis borradores de decretos. Estos documentos proponen reformas en la legislación laboral que, aunque fueron consideradas en sesiones legislativas anteriores, no lograron ser ratificadas por completo.
La carta titulada «Modificaciones normativas que se pueden hacer por decreto y que implican una reforma laboral», menciona que estas modificaciones están respaldadas por jurisprudencia nacional y por recomendaciones de entidades internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Un aspecto relevante de los decretos es su enfoque en temas como la votación sindical y el recaudo de cuotas sindicales.
El objetivo es modificar el Decreto 1072 de 2015 para mejorar el procedimiento de votación en huelgas y Tribunales de Arbitramento, además de regular la situación de trabajadores no afiliados a sindicatos respecto a los beneficios de la convención colectiva. La reforma también abarca la designación y procedimiento para los árbitros laborales, describiendo cómo se deben convocar y formar los tribunales, y qué hacer en caso de que las partes involucradas muestren renuencia a designar árbitros.
Otro decreto importante se enfoca en la fijación de servicios mínimos durante huelgas en servicios públicos esenciales, estipulando las normas para mantener servicios básicos activos mientras dure la huelga.
Se incluyen también cambios en la regulación de la tercerización laboral, definiendo qué se considera tercerización ilegal y estableciendo claras distinciones entre tercerización e intermediación laboral.
Finalmente, se propone un decreto para unificar y regular la negociación colectiva en Colombia, promoviendo negociaciones basadas en el principio de buena fe y garantizando una participación equitativa de empleadores y trabajadores.
Estas medidas reflejan un esfuerzo del Gobierno por mejorar las condiciones laborales y fortalecer el marco normativo en temas cruciales para el entorno laboral del país.
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